miércoles, 7 de marzo de 2018

El cierre del anillo insular, marzo 2018.

En estos días hemos conocido que el Tribunal Supremo ha dictado una segunda sentencia, basada en los mismos argumentos que la emitida en enero de este año, que resuelve la reclamación hecha por la Consejería de Obras Púbicas y Transportes del Gobierno de Canarias correspondiente al ejercicio 2013 y que reconoce a favor de Canarias una deuda en ese año por valor de los 152 millones de euros que el Estado dejó de transferir en el marco del convenio de carreteras que tenía suscrito con la Comunidad Autónoma.
Esta última sentencia no sólo habla del ejercicio de 2013 sino también hace referencia a los sucesivos ejercicios que el Estado incumplió con Canarias.
Se cifra el total de la deuda en torno a más de 700 millones de euros.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma están analizando la sentencia emitida por el Tribunal Supremo para que se pueda proceder a su correcta ejecución.
Sin duda es una muy buena noticia.
El Tribunal Supremo vuelve a dar la razón al Gobierno de Canarias en su litigio con el Ministerio de Fomento por los recortes que el Estado impuso a Canarias en el marco del convenio de carreteras.
El importe que adeudaba el Estado a Canarias del ejercicio de 2013 era de 152 millones de euros. Ya hace un mes el mismo tribunal dictó sentencia mediante la que reconocía el pago que el Gobierno de España debe hacer a Canarias por los recortes de 2012;
valorado en 138 millones de euros.

El Tribunal acoge las tesis del Gobierno de Canarias que defiende que el Estado había recortado de manera unilateral las partidas acordadas en el convenio de carreteras firmado entre el Ministerio de Fomento y Canarias; y que supuso o ha supuesto un claro perjuicio para las Islas.
El incumplimiento del Estado con Canarias ha supuesto un importante retraso en las infraestructuras viarias del Arhcipiélago. Muchas obras previstas en el convenio de 2006 terminaron con retraso respecto a la prevsión, otras todavía no se han podido finalizar, dado los retrasos en las transferencias, y en el peor de los casos ni siquiera se han podido iniciar los trabajos.
Habrá que buscar la mejor fórmula para la ejecución de las sentencias... sin embargo lo fundamental será que el Gobierno de España firme, cuanto antes, un nuevo marco, un nuevo convenio de carreteras que nos permita ejecutar las obras imprescindibles para el Arhcipiélago en la próxima década.
El Estado nunca debió incumplir y ahora todos deberían ayudar a que se firme cuanto antes el convenio y a que se busque la fórmula para que el Estado cumpla con las Sentencias y entreguen a Canarias los más de 700 millones de euros.
El Túnel de Erjos ya está en la fase de la expropiación; y el Cabildo ejecutará las mejoras en el tramo entre los Realejos e Icod.
Francis González.